Vivienda: proteger al ciudadano exige mucho más que regular precios

Por Marco Musumeci D'Agata, economista y empresario

España tiene un problema de vivienda que ya no puede abordarse como una batalla ideológica entre propietarios e inquilinos. Estamos ante un problema económico, social y generacional que afecta directamente a uno de los pilares básicos de una vida digna: poder disponer de un hogar.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este 6 de octubre dos nuevos Reales Decretos-ley que reúnen 21 medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas se encuentran deducciones fiscales para los inquilinos, incentivos para pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles y una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros, con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para facilitar la adquisición de una primera vivienda.

Hay medidas que considero razonables y que merecen ser analizadas sin prejuicios partidistas.

Ayudar fiscalmente a quien destina una parte enorme de su salario al alquiler es razonable. Facilitar que un joven o una familia puedan afrontar la entrada de su primera vivienda también lo es. Y ofrecer seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino debería ser una obligación de cualquier Gobierno.

Pero debemos atrevernos a ir más allá.

El verdadero problema de la vivienda en España es que durante demasiados años hemos permitido que la demanda creciera mucho más rápidamente que la oferta disponible en las zonas donde las personas realmente necesitan vivir.

Cuando escasea la vivienda, suben los precios. Y cuando sobre esa escasez añadimos burocracia, inseguridad jurídica, lentitud urbanística, dificultades de financiación y años para desarrollar nuevo suelo residencial, el resultado es inevitable.

Por eso considero especialmente importante que el Gobierno incluya medidas dirigidas a aumentar la oferta, como 280 millones de euros en avales destinados a impulsar la construcción industrializada, otros 400 millones para proveedores de vivienda social y la incorporación a CASA47 de inmuebles de la Seguridad Social que puedan destinarse a vivienda.

Ese debe ser precisamente el camino que España profundice.

Necesitamos construir mucho más.

Necesitamos vivienda pública, pero también vivienda privada.

Necesitamos alquiler asequible, pero también facilitar el acceso a la propiedad.

Necesitamos combatir la especulación cuando exista, pero sin convertir al pequeño propietario que alquila una vivienda en el enemigo.

Y necesitamos entender algo fundamental: sin propietarios dispuestos a poner sus viviendas en alquiler, tampoco existe mercado de alquiler.

Por eso cualquier política seria debe proteger simultáneamente a ambas partes.

El Gobierno propone además regular el alquiler de temporada y por habitaciones, limitar determinadas adquisiciones por parte de grandes fondos, condicionar beneficios fiscales de las SOCIMI al alquiler asequible y modificar la fiscalidad de las viviendas turísticas.

Estas decisiones deberán evaluarse por sus resultados, no por su titular.

Porque la política económica no debería medirse por el número de leyes aprobadas, sino por una pregunta mucho más sencilla:

¿Puede una persona que trabaja acceder a una vivienda digna sin destinar la mayor parte de su salario a pagarla?

Si la respuesta continúa siendo no, el problema seguirá sin estar resuelto.

El propio presidente del Gobierno ha reconocido que estas medidas no solucionarán por sí solas la crisis de vivienda y que será necesario continuar construyendo cientos de miles de viviendas, especialmente vivienda pública y alquiler asequible.

Coincido en el diagnóstico de fondo.

España necesita convertir la vivienda en una verdadera política de Estado.

Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos deben dejar de trabajar como administraciones aisladas y comenzar a coordinar suelo, urbanismo, financiación, infraestructuras y vivienda.

Hay que reducir drásticamente los tiempos administrativos necesarios para desarrollar nuevos proyectos.

Hay que movilizar suelo público.

Hay que incentivar la rehabilitación de viviendas vacías.

Hay que proporcionar seguridad jurídica al propietario.

Hay que proteger al inquilino vulnerable.

Y, sobre todo, hay que aumentar sustancialmente la oferta allí donde existe una demanda real.

No existe una solución de izquierdas o de derechas para que una familia pueda tener un hogar.

Existe una buena política o una mala política.

La vivienda debería ser uno de esos asuntos capaces de superar las trincheras partidistas.

Porque detrás de cada estadística existe un joven que quiere independizarse, una pareja que quiere formar una familia, un trabajador que no puede vivir cerca de su empleo o un autónomo que después de toda una vida trabajando sigue teniendo dificultades para acceder a una vivienda.

La economía tiene sentido únicamente cuando mejora la vida de las personas.

Y garantizar que trabajar permita vivir con dignidad debería ser uno de los principios fundamentales de cualquier proyecto político moderno.

Marco Musumeci D'Agata

Economista politico y empresario

Especialista en crecimiento y desarrollo macroeconómico y social del sector público