Musumeci D'Agata propone transformar la Renta Social Básica en una lanzadera real hacia el empleo

El economista y empresario Marco Musumeci D'Agata plantea que la Renta Social Básica de Mijas evolucione hacia un modelo de formación práctica remunerada en empresas, con seguimiento trimestral y libertad para que cada participante pueda orientarse hacia el sector profesional que mejor encaje con sus capacidades y aspiraciones.

La idea parte de una cuestión sencilla: una política de empleo no debería conformarse con proporcionar una ocupación temporal.

Debería intentar que la persona salga del programa con una profesión, experiencia demostrable y posibilidades reales de contratación.

Mijas ya dispone de una Bolsa de Empleo Externa que conecta a personas que buscan trabajo con empresas que necesitan personal, y el Ayuntamiento mantiene también programas de formación e inserción laboral. (Mijas)

La propuesta sería integrar estas herramientas dentro de un modelo mucho más amplio.

En lugar de concentrar a los participantes en tareas municipales genéricas, se podría crear una gran bolsa de empresas colaboradoras, distribuida por sectores:

hostelería, comercio, informática, administración, mecánica, logística, construcción, electricidad, jardinería, atención sociosanitaria, marketing, turismo, programación, energías renovables, idiomas, diseño, mantenimiento y otros ámbitos profesionales.

Cada participante podría elegir, dentro de las plazas disponibles y de acuerdo con su perfil, dónde realizar una experiencia formativa remunerada de hasta un año.

El coste salarial o de la ayuda debería diseñarse jurídicamente mediante la fórmula adecuada de empleo, formación o subvención pública, evitando trasladar un coste laboral directo a la empresa colaboradora cuando el programa permita financiarlo legalmente.

La empresa, a cambio, tendría una obligación clara: enseñar.

No se trataría de disponer de trabajadores gratuitos.

Se trataría de empresas colaboradoras que asumieran un compromiso formativo, con objetivos previamente definidos.

Cada tres meses habría una evaluación.

El Ayuntamiento entrevistaría por separado al participante y a la empresa.

¿Qué está aprendiendo?

¿Qué tareas realiza?

¿Qué competencias ha adquirido?

¿Está recibiendo formación real?

¿Tiene posibilidades de contratación cuando termine el programa?

Si una empresa utiliza el sistema únicamente para cubrir puestos sin aportar formación, debería quedar fuera.

La finalidad sería que una persona que entra en el programa como desempleada pueda salir doce meses después diciendo:

“Ahora tengo una profesión, un año de experiencia y una empresa que puede acreditar lo que sé hacer.”

Eso cambia completamente la filosofía.

La ayuda deja de ser únicamente una respuesta social y se convierte en una lanzadera hacia la independencia económica.

Y hay otro elemento importante: Mijas ya dispone de una Bolsa de Empleo Externa donde empresas de cualquier municipio pueden solicitar trabajadores y donde técnicos municipales cruzan las ofertas con los perfiles inscritos. (Mijas) Esa estructura podría servir como punto de partida técnico para una red mucho mayor de empresas colaboradoras.

El objetivo final debería poder medirse con un indicador muy sencillo:

qué porcentaje de participantes consigue un empleo estable después de finalizar el programa.

Si un programa público cuesta millones, ese debería ser uno de sus principales resultados.

No cuántas personas entraron.

Sino cuántas consiguieron después no necesitar volver a él.