Mijas Comunicación bajo la lupa: el Consejo Audiovisual alerta sobre la injerencia política

El Consejo Audiovisual de Andalucía abordó en 2026 una queja sobre la retirada de una noticia de Mijas Comunicación después de una orden del consejero delegado del medio, el concejal Mario Bravo. El organismo recordó por unanimidad que las posibles injerencias políticas vulneran la neutralidad e independencia necesarias para la libertad de prensa y remitió al medio sus recomendaciones sobre independencia, imparcialidad y pluralismo. (Consejo Audiovisual de Andalucía)

Mijas Comunicación vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que trasciende a PP, PSOE, Vox o cualquier otra formación política.

¿Hasta dónde debe llegar la capacidad de un responsable político para intervenir en las decisiones editoriales de un medio financiado con dinero público?

La pregunta no es teórica.

En 2026 terminó siendo analizada oficialmente por el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Una noticia publicada y retirada poco después

El origen del expediente se encuentra en una noticia publicada por Mijas Comunicación el 15 de abril de 2026 relacionada con un homenaje del Ministerio de Igualdad a Dolores Vázquez, cuyo caso está estrechamente vinculado a Mijas por el asesinato de Rocío Wanninkhof.

Según la queja presentada posteriormente por el PSOE de Mijas, la información desapareció de la web y de las redes sociales municipales poco después de su publicación.

La denuncia sostenía que la retirada había sido ordenada políticamente.

Pero aquí aparece un elemento especialmente relevante: la propia documentación remitida por Mijas Comunicación reconoce que la orden de retirar la publicación fue dada por el consejero delegado de la empresa municipal, Mario Bravo.

El propio Bravo también lo explicó en el Pleno municipal de abril.

Según la transcripción incluida en la resolución del Consejo Audiovisual, el concejal manifestó que había considerado que la información no era de interés municipal y que había hablado con la directora del medio para ordenar su retirada.

La versión de Mijas Comunicación

También debe exponerse la posición de la empresa municipal.

Mijas Comunicación rechazó que lo ocurrido pudiera calificarse jurídicamente como censura o utilización partidista.

La empresa argumentó que la retirada respondía a criterios editoriales relacionados con el interés local, la prudencia y la sensibilidad del asunto, y defendió que un episodio aislado no permitía acreditar una práctica sistemática de exclusión o falta de pluralismo.

También sostuvo que la noticia solamente había aparecido en la web y redes sociales y no había formado parte de la programación televisiva o radiofónica.

Por tanto, existen dos interpretaciones enfrentadas.

El PSOE habló de injerencia política.

Mijas Comunicación defendió que se trató de una decisión editorial legítima.

Precisamente por ello resulta especialmente importante conocer qué dijo el organismo independiente encargado de analizar el caso.

Lo que concluyó el Consejo Audiovisual

El Consejo Audiovisual de Andalucía no declaró que Mijas Comunicación hubiese cometido una infracción administrativa ni utilizó la resolución para imponer una sanción.

Pero tampoco se limitó a archivar el asunto sin más.

El Consejo constató que tanto la empresa pública como su consejero delegado admitían que la noticia había sido retirada por orden de Mario Bravo.

Y realizó una consideración especialmente significativa:

la selección y elaboración de las informaciones corresponde a los profesionales de los medios de comunicación, que deben ejercer ese trabajo de manera libre y responsable para garantizar un periodismo independiente.

El organismo añadió que las injerencias de los poderes políticos mediante mandatos más o menos explícitos limitan la neutralidad de los medios y pueden convertirlos en instrumentos de los partidos gobernantes.

Una resolución aprobada por unanimidad

El 24 de junio de 2026, el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía adoptó por unanimidad varias decisiones.

Primero, recordó que las posibles injerencias de los poderes políticos en los medios de comunicación vulneran los principios de neutralidad e independencia necesarios para la libertad de prensa.

Segundo, señaló que el periodismo independiente exige que los profesionales dispongan de las herramientas necesarias para trabajar de manera libre y responsable.

Y tercero, decidió remitir a Mijas Comunicación las recomendaciones específicas del Consejo para el cumplimiento de las obligaciones de independencia, imparcialidad y pluralismo de los medios audiovisuales públicos locales.

Ese es el contenido exacto de la resolución.

Ni más ni menos.

¿Quién debe decidir qué es noticia?

El episodio plantea una cuestión institucional de fondo.

Cuando un medio pertenece a una administración pública, sus responsables políticos pueden formar parte de sus órganos de gobierno.

Pero una cosa es administrar una sociedad pública y otra muy diferente decidir personalmente qué información debe permanecer publicada.

El propio Consejo Audiovisual diferencia claramente ambas funciones.

La decisión periodística debe corresponder a profesionales que valoren criterios como relevancia, proximidad, interés público, actualidad y contraste.

Esta separación resulta especialmente importante porque el medio se financia con recursos municipales.

Mijas Comunicación no pertenece al partido que gobierna.

Tampoco pertenece a la oposición.

Pertenece institucionalmente al municipio.

El problema no empieza ni termina con un partido

Convertir este debate en un enfrentamiento entre PP y PSOE sería quedarse en la superficie.

La cuestión sería exactamente la misma si mañana gobernara otra formación política.

Un medio público pierde credibilidad cuando los ciudadanos pueden sospechar que aquello que publica —o aquello que deja de publicar— depende de la conveniencia del gobierno de turno.

Y esa sospecha perjudica especialmente a los periodistas que trabajan dentro del propio medio.

Porque son ellos quienes necesitan poder ejercer su profesión sin que cada decisión editorial termine interpretándose políticamente.

Musumeci D'Agata plantea revisar profundamente el modelo de Mijas Comunicación

En este contexto, Marco Musumeci D'Agata, candidato a la Alcaldía de Mijas por PARTIDO AUTÓNOMOS, plantea abrir un debate sobre el futuro de Mijas Comunicación y sobre la conveniencia de separar de forma mucho más estricta su gestión periodística del poder político municipal.

Musumeci D'Agata ha defendido que Mijas necesita un medio capaz de competir profesionalmente con otros medios de Málaga y Andalucía, con periodistas que puedan decidir sus contenidos conforme a criterios profesionales y no bajo instrucciones políticas.

Entre las posibilidades que plantea se encuentra estudiar una transformación profunda de su modelo de gestión, incluida la eventual apertura a un modelo privado o completamente independiente del gobierno municipal, siempre dentro del marco legal correspondiente y garantizando los derechos laborales y profesionales existentes.

No se trata de determinar qué partido merece más cobertura.

Se trata de establecer unas reglas en las que ningún alcalde, concejal o gobierno tenga capacidad para decidir qué noticia se publica y cuál desaparece.

Un consejo de administración político también merece debate

Otra cuestión relevante es la propia gobernanza de las empresas públicas de comunicación.

En muchos medios municipales los órganos societarios están integrados por representantes políticos.

Eso no significa por sí mismo que exista ilegalidad ni demuestra automáticamente una interferencia editorial.

Pero sí abre una discusión razonable acerca de si el sistema ofrece suficientes garantías de independencia.

La legislación audiovisual andaluza contempla precisamente mecanismos de participación destinados a proteger la autonomía de los servicios audiovisuales locales. El Decreto 90/2025 establece que los consejos de participación audiovisual local deben gozar de autonomía respecto a los órganos de gobierno del prestador y representar también a ciudadanía y organizaciones sociales y profesionales. (Junta de Andalucía)

El debate, por tanto, no consiste solamente en quién ocupa la Alcaldía.

Consiste en diseñar instituciones suficientemente sólidas para que funcionen igual gobierne quien gobierne.

El precedente de 2026 debería servir para algo

La resolución del Consejo Audiovisual no declaró probado un sistema generalizado de manipulación informativa en Mijas Comunicación.

Sería incorrecto afirmarlo.

Pero sí dejó una advertencia institucional muy clara sobre la independencia periodística y decidió remitir al medio recomendaciones específicas precisamente para reforzarla.

Por eso el episodio merece algo más que una discusión entre gobierno y oposición.

Merece preguntarnos qué tipo de medio público quiere Mijas.

Un medio donde los políticos decidan las noticias. O un medio donde los políticos administren los recursos y los periodistas hagan periodismo.

La verdadera independencia de Mijas Comunicación no debería medirse por si sus noticias gustan al gobierno o a la oposición.

Debería medirse por algo mucho más sencillo:

que ningún periodista tenga que preguntar a un político si puede publicar una noticia.