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La Justicia corrige al Ayuntamiento de Mijas por el acceso a información municipal

Foto del escritor: Elecciones Municipales Mijas 2027
Elecciones Municipales Mijas 2027
26 sept
5 min de lectura

Varias resoluciones judiciales han situado el derecho de los concejales de la oposición a acceder a documentación municipal en el centro del debate político de Mijas. Los casos conocidos afectan a expedientes del Carnaval, contratos de toldos en colegios y, según ha informado el PSOE, documentación sobre la plantilla municipal y la Universidad Popular.


La transparencia de un ayuntamiento no se mide únicamente por disponer de un portal en Internet.


También se mide por algo mucho más sencillo: si los representantes elegidos por los ciudadanos pueden acceder en tiempo y forma a la documentación necesaria para fiscalizar la gestión municipal.


En Mijas esta cuestión ha acabado llegando a los tribunales.

Y no una sola vez.


El expediente del Carnaval de 2024 acabó ante un juez

El primer caso conocido públicamente tiene su origen en una petición realizada por el Grupo Municipal Socialista el 2 de agosto de 2024.

La oposición solicitó documentación relativa a la contratación de los premios del Carnaval de aquel año.

Según la sentencia divulgada en diciembre de 2025, el Ayuntamiento no facilitó la información solicitada dentro del procedimiento previsto.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga consideró que aquella falta de acceso había impedido al concejal desarrollar adecuadamente sus funciones de control.


La resolución concluyó que se había vulnerado el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, relativo a la participación política y al ejercicio de las funciones representativas. El Ayuntamiento fue además condenado al pago de 300 euros en costas.

La información publicada por Mijas Comunicación recogió igualmente que el fallo señalaba que no se había acreditado una causa justificada que avalase el incumplimiento.


Segundo caso: los toldos de los colegios

Poco después se conoció una segunda resolución.

En junio de 2025, el PSOE había solicitado documentación relacionada con la adquisición e instalación de toldos en centros educativos municipales.

Según la información sobre el procedimiento, transcurrió el plazo establecido sin que la documentación fuese efectivamente entregada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga concluyó posteriormente que existió un retraso injustificado y que esta situación afectó al ejercicio de las funciones de control y fiscalización del concejal solicitante.

De nuevo, la cuestión no giraba alrededor de si el partido de la oposición estaba o no de acuerdo con una decisión política.

La cuestión era mucho más elemental:

tenía derecho a consultar determinada documentación municipal para poder ejercer su labor de oposición.


El propio reglamento de Mijas establece cinco días

Existe además un elemento especialmente relevante.

El Reglamento Orgánico Municipal de Mijas establece expresamente que los miembros de la corporación tienen derecho a acceder a los datos, informaciones y antecedentes municipales necesarios para desarrollar sus funciones de fiscalización y control.

El artículo 15 dispone que la solicitud debe resolverse en los cinco días naturales siguientes.


Y añade algo todavía más claro: cuando se deniega el acceso, la resolución debe estar motivada. Si no existe respuesta dentro del plazo, la petición se considera estimada por silencio administrativo.

Por tanto, no estamos ante una cuestión interpretativa menor.

El propio Ayuntamiento dispone de unas reglas concretas para gestionar estas solicitudes.


El PSOE habla ya de cuatro resoluciones

En mayo de 2026, el PSOE de Mijas informó públicamente de otras dos resoluciones judiciales relacionadas con el acceso a documentación municipal.

Una de ellas afectaría a una solicitud sobre la plantilla del Ayuntamiento, concretamente el número de plazas dotadas económicamente pero todavía sin cubrir.

La otra estaría relacionada con el procedimiento para seleccionar a la nueva dirección de la Universidad Popular.

Según el PSOE, estos dos procedimientos elevarían a cuatro las resoluciones contrarias al Ayuntamiento en esta materia. Mijas Comunicación publicó esta información atribuyéndola expresamente al grupo socialista.

Conviene mantener aquí una precisión periodística fundamental.

Las acusaciones políticas realizadas por el PSOE —incluidas expresiones como “ocultar información”— pertenecen al partido y no deben confundirse automáticamente con las conclusiones jurídicas de cada sentencia.

Lo que sí merece análisis es la reiteración de procedimientos judiciales relacionados con el acceso a documentación.


¿Por qué debe intervenir un juzgado?

Esta es probablemente la pregunta más importante.

En cualquier ayuntamiento existen discrepancias entre gobierno y oposición.

Es normal.

La oposición intenta fiscalizar.

El gobierno intenta ejecutar su programa.

Pero el acceso a la documentación municipal no debería convertirse en una batalla política permanente.

Cuando un concejal tiene reconocido legalmente el derecho a consultar un expediente, acudir a un juzgado debería constituir el último recurso, no formar parte del funcionamiento ordinario de una administración.

Cada procedimiento judicial supone tiempo.

Supone recursos municipales.

Supone trabajo jurídico.

Y, en determinados casos, supone también costas que finalmente se pagan con dinero público.


Transparencia también para quien incomoda

La transparencia tiene verdadero valor precisamente cuando la información solicitada puede resultar incómoda para quien gobierna.

Eso sirve para cualquier partido.

Hoy gobierna una formación y mañana puede gobernar otra.

Por eso las reglas institucionales deben estar diseñadas para funcionar independientemente del color político que ocupe la Alcaldía.

Un concejal del PP debe poder fiscalizar a un gobierno socialista.

Un concejal socialista debe poder fiscalizar a un gobierno del PP.


Y cualquier grupo minoritario debería disponer exactamente del mismo derecho.

Esa es la esencia del control democrático municipal.


Musumeci D'Agata plantea convertir el acceso a expedientes en un proceso trazable


En este contexto, Marco Musumeci D'Agata, candidato a la Alcaldía de Mijas por PARTIDO AUTÓNOMOS, plantea que las solicitudes de información realizadas por los concejales puedan disponer de un sistema digital de seguimiento.


El objetivo sería que cada petición dejase constancia de:

fecha de solicitud, departamento responsable, documentación solicitada, fecha límite de respuesta, fecha efectiva de entrega y, en caso de denegación, motivación jurídica.

No se trataría de ampliar los derechos de unos partidos frente a otros.

Se trataría de garantizar automáticamente los derechos que ya reconoce la normativa.

Y de evitar que cuestiones administrativas que deberían resolverse dentro del Ayuntamiento terminen convirtiéndose en procedimientos judiciales.


La ciudadanía también tiene derecho a saber

Existe además una dimensión que supera a los propios partidos políticos.

Cuando la oposición solicita información sobre contratos, empleados públicos, procesos de selección o gasto municipal, está fiscalizando actuaciones realizadas con recursos públicos.

El dinero no pertenece al gobierno.

Pertenece a los ciudadanos.

Por eso una administración moderna debería aspirar a que la mayor cantidad posible de información pública pueda consultarse de manera sencilla, sin necesidad siquiera de solicitarla.

Digitalización y transparencia pueden reducir simultáneamente burocracia, conflictos y sospechas.


Una cuestión institucional, no partidista

El debate sobre estas sentencias no debería terminar reducido a una confrontación entre PP y PSOE.

Hay una pregunta institucional mucho más importante:

¿puede Mijas crear un sistema en el que ningún concejal, independientemente del partido al que pertenezca, tenga que recurrir a los tribunales para acceder a una información municipal a la que legalmente tiene derecho?

Si la respuesta es sí, entonces ese debería ser el objetivo.


Porque la transparencia no debería depender de quién gobierna.

Debería formar parte permanente de la arquitectura democrática del Ayuntamiento de Mijas.


Marco Musumeci D'Agata

Candidato a la Alcaldía de Mijas por PARTIDO AUTÓNOMOS

Economista y especialista en crecimiento y desarrollo macroeconómico y social del sector público

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