La gran oportunidad perdida de 2009: el egoísmo que condenó a generaciones a no tener vivienda

ARTÍCULO DE OPINIÓN · ECONOMÍA Y SOCIEDAD

España tuvo una oportunidad histórica para garantizar viviendas asequibles a millones de ciudadanos. No la aprovechó. Más allá de los errores económicos, faltaron altruismo, humanidad y una visión de país capaz de anteponer el bienestar colectivo a los intereses financieros.

La crisis de la vivienda que hoy sufren millones de españoles no comenzó con la subida de los alquileres ni con la llegada de los fondos de inversión. Sus raíces se encuentran mucho más atrás, en uno de los momentos más decisivos de nuestra historia económica reciente: la crisis financiera iniciada en 2008.

Fue entonces cuando España tuvo ante sí una oportunidad extraordinaria. Una de esas oportunidades que aparecen pocas veces en la historia y que, cuando se aprovechan, pueden transformar el destino de generaciones enteras.

Pero faltó algo mucho más importante que el dinero: faltaron altruismo, responsabilidad social y la voluntad política de construir una sociedad mejor para quienes vendrían después.

Cuando España pudo convertir una crisis en bienestar colectivo

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, miles de promociones quedaron paralizadas, numerosas entidades financieras acumularon activos inmobiliarios y los precios de la vivienda comenzaron un desplome que se prolongaría durante varios años.

El Estado intervino para evitar el colapso del sistema financiero. En 2012 se creó la Sareb, conocida como el banco malo, con la misión de gestionar y vender activos procedentes de entidades financieras reestructuradas. boe.es

Aquello planteaba una decisión que iba mucho más allá de la contabilidad bancaria.

¿Por qué no aprovechar aquella enorme concentración de viviendas, terrenos y activos depreciados para construir un patrimonio público permanente, destinado a proporcionar alquileres asequibles a trabajadores, jóvenes, autónomos y familias?

No habría sido necesario regalar viviendas ni destruir el mercado inmobiliario privado. Bastaba con desarrollar una estrategia inteligente de adquisición, rehabilitación y gestión pública, económicamente sostenible y complementaria a la iniciativa privada.

El Estado podía haber actuado como inversor a largo plazo, convirtiendo parte de aquella crisis en una oportunidad de progreso social.

Lo que entonces habría podido ser una inversión en bienestar hoy se ha convertido en una factura social que millones de familias pagan cada mes.

El verdadero fracaso no fue económico, fue humano

Como economista, considero que uno de los mayores errores que puede cometer una sociedad es evaluar sus decisiones exclusivamente por el beneficio financiero inmediato, ignorando sus consecuencias humanas.

Salvar la estabilidad bancaria era necesario para proteger los depósitos, el crédito y el funcionamiento de nuestra economía.

Pero salvar los bancos y construir una sociedad más justa no eran objetivos incompatibles.

El problema fue que la dimensión social quedó subordinada durante demasiado tiempo a la recuperación financiera y a la liquidación de activos.

Se pensó en sanear balances, reducir pérdidas y recuperar inversiones. No se otorgó la misma prioridad a garantizar que las siguientes generaciones pudieran acceder a una vivienda digna sin hipotecar buena parte de sus ingresos.

Y aquí aparece una cuestión que rara vez ocupa el centro del debate económico: el egoísmo institucional también tiene consecuencias económicas.

Cuando una generación de dirigentes piensa únicamente en resolver los problemas de su mandato y no en mejorar la vida de quienes todavía no pueden votar, está trasladando los costes de sus decisiones al futuro.

Eso no es una política de Estado. Es una renuncia a la responsabilidad intergeneracional.

El precio de no pensar en los demás

Una vivienda asequible no representa solamente un techo.

Representa la posibilidad de formar una familia, tener hijos, emprender un negocio, ahorrar, estudiar, cambiar de trabajo o simplemente vivir sin miedo al próximo recibo del alquiler.

Cada euro que una familia debe destinar innecesariamente al encarecimiento de su vivienda es un euro que deja de circular por el comercio, la hostelería, los servicios y las pequeñas empresas.

Desde una perspectiva económica, el problema de la vivienda no es exclusivamente inmobiliario. Es un problema de productividad, competitividad, movilidad laboral, natalidad y desarrollo socioeconómico integral.

Y desde una perspectiva humana, es todavía más grave.

¿Qué clase de progreso estamos construyendo cuando una persona puede trabajar durante toda su vida y, aun así, no disponer de los recursos necesarios para vivir dignamente?

¿Qué valor tiene el crecimiento del PIB cuando nuestros jóvenes no pueden independizarse y muchos mayores tienen dificultades para pagar su vivienda?

Una economía que crece mientras una parte de su población pierde el derecho efectivo a vivir dignamente es una economía que necesita revisar sus prioridades.

La paradoja: lo que no se hizo entonces se intenta hacer ahora

Existe un hecho especialmente revelador.

En julio de 2025, el Gobierno español aprobó actuaciones para transferir determinados inmuebles de Sareb a SEPES, con el objetivo de incorporarlos permanentemente al parque público de vivienda asequible.

Es decir, años después de la creación del banco malo, el propio Estado reconoce mediante sus decisiones la utilidad de destinar aquellos activos a una finalidad social.

No significa que todas las viviendas de Sareb hubieran sido aptas para ese objetivo. Muchas necesitaban rehabilitación, estaban mal ubicadas o presentaban problemas jurídicos. Tampoco puede afirmarse que una actuación diferente hubiera eliminado por completo la crisis actual.

Pero sí demuestra que existía una alternativa de política pública que merecía haber ocupado un lugar mucho más importante desde el principio.

La pregunta es inevitable:

¿Cuántas familias podrían haber disfrutado durante estos años de una vivienda asequible si hubiéramos comenzado a construir ese patrimonio público mucho antes?

El liberalismo no puede confundirse con el egoísmo

Defiendo la libertad económica, la iniciativa privada, la propiedad y el derecho de cada persona a prosperar mediante su trabajo.

Pero nunca he entendido el liberalismo como una excusa para abandonar a quienes encuentran obstáculos que individualmente no pueden superar.

Una sociedad verdaderamente libre necesita ciudadanos con oportunidades reales.

Y las oportunidades reales requieren educación, sanidad, seguridad, empleo y acceso a una vivienda digna.

La intervención pública inteligente no consiste en sustituir al mercado, sino en corregir aquellos desequilibrios que impiden que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

El Estado no debe ser un competidor permanente del ciudadano. Debe ser un garante de sus derechos y un administrador responsable del patrimonio colectivo.

Por eso considero que la inversión pública debe medirse no solamente por su rentabilidad financiera, sino también por el bienestar social que genera durante décadas.

La vivienda como patrimonio de las generaciones futuras

España necesita abandonar definitivamente la cultura de las soluciones improvisadas.

Necesitamos una política de vivienda concebida para los próximos cincuenta años, no para las siguientes elecciones.

Un parque permanente de vivienda asequible, gestionado con transparencia, criterios profesionales y sostenibilidad económica, permitiría ofrecer estabilidad a miles de familias y reducir las tensiones del mercado en las zonas donde existe mayor demanda.

Ese patrimonio debería protegerse frente a su venta indiscriminada, ampliarse cuando existan oportunidades económicas razonables y convivir con un sector inmobiliario privado dinámico, competitivo y jurídicamente seguro.

El objetivo no debe ser que todo el mundo dependa del Estado.

El objetivo debe ser que nadie vea truncada su vida por no poder acceder a algo tan elemental como un hogar.

Nunca deberíamos volver a cometer el mismo error

A mis 52 años he aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide únicamente por lo que consigue para sí misma, sino también por aquello que es capaz de hacer para mejorar la vida de los demás.

Creo profundamente en una economía al servicio del ser humano y no en un ser humano condenado a servir exclusivamente a la economía.

La gran oportunidad perdida tras la crisis de 2008 nos deja una lección que debería enseñarse en todas las facultades de economía y en todas las instituciones públicas.

La falta de visión puede costar miles de millones.

La falta de planificación puede comprometer décadas de crecimiento.

Pero la falta de altruismo puede condenar a generaciones enteras a vivir peor de lo que merecen.

España no puede regresar a 2009. No puede recuperar todas las oportunidades desaprovechadas ni deshacer las decisiones que entonces se tomaron.

Pero sí puede decidir qué clase de sociedad quiere construir a partir de hoy.

Porque la mayor riqueza de una nación no está en sus bancos, en sus edificios ni en sus balances financieros.

Está en la dignidad de las personas que la habitan.

Y cuando un país olvida eso, puede salvar su sistema financiero y, al mismo tiempo, perder una oportunidad histórica de mejorar su futuro.

Marco Musumeci D'Agata

Economista político y filántropo