Del poder de los partidos al poder del ciudadano: mi propuesta para cambiar España

Por Marco Musumeci D'Agata, economista y empresario

España no necesita una democracia sin partidos. Necesita una democracia en la que los partidos no sean la única puerta real de entrada a las instituciones.

Mi propuesta parte de una idea muy sencilla: que en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales votemos directamente a personas, y no únicamente listas confeccionadas previamente por organizaciones políticas.

Que cualquier ciudadano que reúna los requisitos legales pueda presentar su candidatura, conseguir un número razonable de avales dentro de su circunscripción y someter directamente su nombre, su trayectoria y sus propuestas al juicio de los electores.

No se trataría de prohibir los partidos. Se trataría de devolver al ciudadano una libertad que considero esencial: elegir quién quiere que le represente.

El problema no son los partidos, sino su posición dominante

Los partidos políticos son necesarios para organizar ideas, elaborar programas y construir mayorías. El problema aparece cuando convertirse en representante público depende, en gran medida, de conseguir previamente un puesto dentro de una lista electoral.

En las elecciones al Congreso, la legislación establece actualmente que las candidaturas se presentan mediante listas de candidatos. Al mismo tiempo, el propio sistema ya conoce mecanismos de aval ciudadano: las agrupaciones de electores que quieran concurrir al Congreso o al Senado necesitan firmas equivalentes al 1% del censo de la circunscripción. (juntaelectoralcentral.es)

Es decir, el principio de exigir respaldo previo de ciudadanos ya existe.

Mi propuesta sería llevarlo mucho más lejos y convertirlo en la puerta democrática de entrada para cada candidato.

Quien quiera representar a una sociedad debería poder presentarse ante ella.

Sin necesitar décadas dentro de una estructura política.

Sin depender necesariamente de la confianza de una dirección nacional, regional o provincial.

Con una condición fundamental: demostrar primero que existe una parte suficiente de la ciudadanía que considera legítimo que esa persona concurra a las elecciones.

Cada candidato debería responder por su propia trayectoria

El cambio sería profundo.

Imagino unas elecciones en las que el ciudadano pudiera conocer individualmente a quienes aspiran a representarle.

¿Qué profesión tiene?

¿Qué ha hecho durante su vida?

¿Qué experiencia posee?

¿Qué propone?

¿Qué compromisos asume?

¿Y qué resultados obtiene después?

La política dejaría de estar tan centrada en las marcas y tendría que volver a mirar mucho más a las personas.

Un médico podría presentarse.

Un profesor podría presentarse.

Un autónomo con treinta años de experiencia podría presentarse.

Un empresario, un investigador, un trabajador, un economista o un representante vecinal podrían intentar llegar a una institución directamente con el respaldo ciudadano.

Los partidos podrían seguir apoyándolos, naturalmente.

Pero el elector tendría la última palabra sobre la persona concreta.

El diputado tendría que mirar más a sus electores

También cambiaría algo fundamental dentro de los parlamentos.

Cuando un representante obtiene directamente el respaldo de los ciudadanos de su territorio, su relación con ellos se hace mucho más identificable.

El ciudadano sabría:

«Este es mi diputado.»

Y el diputado sabría:

«Estas son las personas ante las que debo responder.»

Eso no eliminaría la disciplina política ni los acuerdos parlamentarios, pero podría reforzar la autonomía del representante frente a su propia organización.

Un parlamentario debería poder votar de acuerdo con su conciencia, su programa y los intereses de quienes lo eligieron, incluso cuando alguna vez discrepe de su partido.

Eso también es democracia.

Un Congreso de representantes y no solo de siglas

Mi propuesta podría llevar hacia circunscripciones donde los ciudadanos eligieran directamente a uno o varios representantes concretos.

No afirmo que exista una única fórmula electoral posible. Ese diseño necesitaría un debate constitucional y técnico serio para garantizar proporcionalidad, representación territorial, pluralismo político y protección de las minorías.

Pero el principio debería ser claro:

el nombre del representante debería importar tanto como las siglas que tenga detrás.

Porque actualmente podemos conocer perfectamente quién encabeza una candidatura, pero muchos ciudadanos difícilmente podrían identificar a varios de los diputados que terminan ocupando los escaños correspondientes a su circunscripción.

Una democracia más personal obligaría a quienes aspiran a representar a los ciudadanos a ganarse esa confianza directamente.

El Senado podría recuperar su verdadera fuerza democrática

Esta reforma tendría todavía más sentido en el Senado.

La Constitución española define expresamente al Senado como «la Cámara de representación territorial». Además, establece la elección directa de una parte importante de sus miembros por provincias, mientras que otra parte es designada por las comunidades autónomas. (BOE)

España ya tiene, por tanto, una base sobre la que construir una representación mucho más personal y territorial.

Mi idea sería reforzar esa naturaleza.

Un Congreso donde los ciudadanos conozcan y elijan directamente a sus representantes.

Y un Senado formado por personas con una vinculación territorial especialmente fuerte, cuya responsabilidad esencial sea analizar cómo afectan las leyes a las distintas realidades del país.

Entonces tendríamos dos cámaras con funciones políticas más claramente diferenciadas.

Una representando fundamentalmente a los ciudadanos.

Otra reforzando la representación territorial.

El bicameralismo adquiriría así una personalidad democrática mucho más definida.

Los avales serían la primera elección

Hay una cuestión fundamental: si cualquier ciudadano pudiera presentarse sin ningún filtro, podríamos terminar con miles de candidaturas imposibles de gestionar.

Por eso considero necesarios los avales.

Pero deberían ser proporcionados.

Ni tan pocos que conviertan una elección en una lista interminable de candidaturas testimoniales, ni tantos que solamente las grandes organizaciones puedan reunirlos.

Los avales serían, en realidad, una especie de primera prueba democrática.

Antes de pedir el voto a miles de personas, el candidato tendría que demostrar que existe ya un mínimo de ciudadanos dispuestos a respaldar su derecho a presentarse.

Después comenzarían las elecciones reales.

También habría que limitar el poder del dinero

Una democracia basada en candidatos individuales tendría también riesgos.

Un multimillonario podría invertir enormes cantidades de dinero en promocionar su imagen.

Una celebridad podría disponer de una ventaja extraordinaria sobre un profesional desconocido.

Y grandes grupos económicos podrían intentar construir candidatos a su medida.

Por eso una reforma como esta tendría que ir acompañada de reglas muy exigentes sobre financiación electoral, límites de gasto, publicidad política y transparencia.

Porque sustituir el poder excesivo de los partidos por el poder excesivo del dinero sería simplemente cambiar un problema por otro.

El objetivo debe ser que las personas puedan competir con unas condiciones razonablemente equilibradas.

No quiero acabar con los partidos. Quiero abrir la democracia

Esta es probablemente la parte más importante de mi propuesta.

No quiero una España sin PSOE, PP, Vox, Sumar, PARTIDO AUTÓNOMOS o cualquier otra formación que los ciudadanos quieran construir.

Quiero algo mucho más abierto.

Quiero que un ciudadano pueda formar parte de un partido y presentarse bajo sus siglas.

Pero también quiero que pueda presentarse independientemente.

Quiero que diferentes candidatos de un mismo partido puedan competir por la confianza ciudadana.

Y quiero que los propios partidos tengan que encontrar personas excelentes porque ya no bastaría simplemente con situarlas en una posición favorable dentro de una lista.

Eso también mejoraría a los propios partidos.

De la disciplina de partido a la responsabilidad personal

Hay algo profundamente democrático en saber quién tomó una decisión.

Cada diputado debería tener una historia electoral propia.

Un nombre.

Un territorio.

Un compromiso.

Y unos ciudadanos capaces de juzgarlo después.

Si cumple, podrá volver a solicitar su confianza.

Si no cumple, otro ciudadano podrá competir contra él.

Sin esperar necesariamente a que una dirección política decida quién aparece primero, segundo o tercero en una lista.

Eso es lo que entiendo por trasladar poder desde las estructuras hacia el ciudadano.

Una democracia donde nadie necesite permiso para intentar representar a los demás

España ha cambiado enormemente desde 1978.

Nuestra sociedad está más formada, más conectada y tiene acceso a una cantidad de información que hace décadas era inimaginable.

Quizás también haya llegado el momento de preguntarnos si nuestro sistema de representación puede evolucionar.

No para destruir lo construido.

Para mejorarlo.

No para acabar con los partidos.

Para evitar que cualquier estructura tenga demasiado poder sobre el derecho de los ciudadanos a ser elegidos.

Mi propuesta puede resumirse en una frase:

Ningún ciudadano debería necesitar el permiso de un partido para poder pedir directamente a sus vecinos la oportunidad de representarlos.

Después decidirían los electores.

Eso es precisamente lo importante.

Que decidan ellos.

Que decidamos nosotros.

Porque la democracia alcanza su mayor sentido cuando el poder empieza en el ciudadano, pasa temporalmente por sus representantes y finalmente vuelve a él en cada elección.

Menos poder para decidir quién puede llegar.

Más poder para decidir quién queremos que llegue.

Ese es el debate democrático que propongo abrir en España.

Marco Musumeci D'Agata

Economista y empresario

Especialista en crecimiento y desarrollo macroeconómico y social del sector público