96 urbanizaciones históricas y décadas esperando: ¿qué solución necesita realmente Mijas?
Mijas arrastra desde hace décadas un problema urbanístico y administrativo que afecta a miles de vecinos: 96 urbanizaciones históricas continúan pendientes de un proceso formal de recepción municipal. En agosto de 2026 el Ayuntamiento aprobó definitivamente una nueva ordenanza para intentar resolver esta situación, pero PSOE y Ciudadanos votaron en contra y cuestionaron su eficacia.
Hay problemas municipales que nacen durante una legislatura.
Y hay otros que sobreviven a gobiernos, alcaldes y partidos.
La situación de las urbanizaciones históricas de Mijas pertenece claramente a este segundo grupo.
El municipio cuenta con 96 urbanizaciones históricas afectadas por una situación administrativa compleja derivada de su falta de recepción formal por parte del Ayuntamiento. El propio consistorio reconoce que esta situación genera inseguridad jurídica, administrativa y económica y dificulta clarificar responsabilidades sobre cuestiones tan importantes como viales, saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado o zonas verdes.
Durante décadas, miles de residentes han convivido con una pregunta muy sencilla:
¿qué servicios corresponden realmente al Ayuntamiento y cuáles deben seguir siendo asumidos por las propias urbanizaciones?
Una nueva ordenanza para intentar resolver un problema histórico
El Ayuntamiento inició formalmente en enero de 2026 la tramitación de una ordenanza específica destinada a regular la recepción de estas urbanizaciones.
La propuesta fue aprobada inicialmente en marzo.
Después se abrió el correspondiente proceso de alegaciones y se celebraron reuniones con representantes de las urbanizaciones.
En abril, más de un centenar de representantes acudieron a una reunión municipal para conocer el contenido y funcionamiento de la nueva normativa.
Finalmente, el 26 de agosto de 2026, el Pleno aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Recepción de Urbanizaciones Históricas.
El texto salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición.
Según el Ayuntamiento, el objetivo es establecer un procedimiento claro para poder recepcionar estas zonas residenciales y avanzar hacia una igualdad efectiva en la prestación de servicios municipales.
¿Qué significa realmente “recepcionar” una urbanización?
La palabra puede sonar técnica, pero sus consecuencias son muy concretas.
Cuando una urbanización es formalmente recepcionada, el Ayuntamiento puede asumir determinadas infraestructuras y servicios que hasta ese momento podían depender total o parcialmente de entidades urbanísticas, comunidades o residentes.
Hablamos, entre otras cuestiones, de:
viales,
alumbrado,
redes de saneamiento,
abastecimiento,
zonas verdes,
mantenimiento de determinados espacios públicos.
El propio Plan Anual Normativo municipal justificó la nueva ordenanza precisamente por la falta de recepción formal existente y por la necesidad de garantizar servicios públicos esenciales, seguridad, salubridad y seguridad jurídica.
El Ayuntamiento sostiene que la ordenanza abre una solución
La posición del gobierno municipal es clara.
El ejecutivo considera que la ordenanza establece por primera vez un instrumento jurídico capaz de ordenar un problema que Mijas arrastra desde hace décadas.
El Ayuntamiento sostiene que el procedimiento permitirá analizar cada urbanización, determinar su situación real y avanzar progresivamente hacia la recepción cuando se cumplan las condiciones necesarias.
La administración dispone además de auditorías y documentación técnica específica sobre numerosas urbanizaciones, información que el propio Ayuntamiento publica como base para desarrollar posteriormente los documentos técnicos necesarios.
El PSOE sostiene que la ordenanza no solucionará el problema
La oposición socialista mantiene una interpretación completamente diferente.
Después de la aprobación definitiva, el PSOE calificó la ordenanza de “farsa” y afirmó que el nuevo texto “ni recepcionará ni mejorará” la situación de las 96 zonas residenciales.
Josele González sostuvo que el gobierno estaba presentando la ordenanza como una solución definitiva cuando, en opinión del PSOE, no iba a producir la recepción efectiva de ninguna urbanización.
Debe precisarse que esta es una valoración política del PSOE, no una conclusión jurídica independiente sobre el funcionamiento futuro de la ordenanza.
Será su aplicación práctica la que permita comprobar cuántas urbanizaciones pueden finalmente acogerse al procedimiento y en qué plazos.
PSOE y Ciudadanos votaron en contra
El voto contrario de la oposición provocó además un enfrentamiento político posterior.
El Partido Popular acusó a PSOE y Ciudadanos de haber votado contra los intereses de los residentes de estas urbanizaciones y defendió la ordenanza como el principal instrumento jurídico aprobado durante décadas para solucionar este problema.
De nuevo, esta es la posición política del PP.
Votar contra una ordenanza no significa necesariamente estar en contra de solucionar el problema.
Puede significar considerar que el instrumento elegido no es adecuado.
Por eso sería útil que el debate político avanzase hacia una cuestión mucho más concreta:
¿qué alternativa propone cada formación?
La verdadera prueba llegará ahora
A partir de este momento la discusión debería dejar de centrarse únicamente en quién votó a favor o en contra.
Lo realmente importante será medir resultados.
¿Cuántas urbanizaciones solicitarán formalmente acogerse al procedimiento?
¿Cuántas cumplirán inicialmente los requisitos?
¿Qué inversiones serán necesarias?
¿Cuánto costará adaptar las infraestructuras?
¿Qué administración deberá financiar las deficiencias existentes?
¿Y cuánto tiempo transcurrirá hasta que las primeras urbanizaciones sean efectivamente recepcionadas?
Son preguntas perfectamente medibles.
Y las respuestas permitirán saber si la ordenanza consigue solucionar el problema o simplemente añade un nuevo procedimiento administrativo.
No todas las urbanizaciones están en la misma situación
Existe además una dificultad que debería evitar cualquier simplificación.
Las 96 urbanizaciones no presentan necesariamente los mismos problemas.
Algunas pueden encontrarse relativamente próximas a cumplir los requisitos necesarios para su recepción.
Otras pueden presentar deficiencias de urbanización, infraestructuras pendientes, problemas registrales o situaciones jurídicas mucho más complejas.
Por eso posiblemente no exista una única solución aplicable de manera idéntica a las 96.
El Ayuntamiento tendrá que analizar cada caso.
Eso explica también la importancia de las auditorías técnicas que ya existen sobre estas zonas residenciales.
Musumeci D'Agata plantea un calendario público urbanización por urbanización
Dentro del debate sobre las elecciones municipales de 2027, el economista y empresario Marco Musumeci D'Agata, candidato a la Alcaldía de Mijas por PARTIDO AUTÓNOMOS, plantea que el proceso debería incorporar un sistema de seguimiento público individualizado para cada urbanización.
La propuesta consistiría en que cada una de las 96 urbanizaciones pudiera disponer de una ficha pública que indicase:
su situación jurídica,
las deficiencias técnicas pendientes,
las obras necesarias,
el coste estimado,
la administración responsable,
el estado de tramitación,
y los pasos pendientes hasta su posible recepción.
El objetivo sería permitir que cada vecino pudiera comprobar de manera sencilla en qué punto se encuentra su urbanización.
No sustituiría el procedimiento técnico ni jurídico.
Lo haría más comprensible.
Un problema de igualdad entre vecinos
Existe finalmente una cuestión esencial.
Dos ciudadanos pueden residir en el mismo municipio, pagar impuestos municipales y encontrarse, sin embargo, con realidades muy distintas dependiendo del lugar en el que viven.
Precisamente por ello el Ayuntamiento sostiene que la nueva ordenanza pretende avanzar hacia la igualdad efectiva de los residentes independientemente de su lugar de residencia.
Pero esa igualdad no se conseguirá simplemente aprobando una ordenanza.
Se conseguirá cuando sus efectos puedan comprobarse sobre el terreno.
2027 debería encontrar este problema avanzando, no empezando otra vez
Las urbanizaciones históricas llevan demasiado tiempo presentes en el debate político de Mijas.
Gobiernos de distintos colores han conocido el problema.
Los vecinos llevan décadas esperando soluciones.
Por eso el éxito de la nueva ordenanza no debería medirse por discursos, titulares o votos en el Pleno.
Debería medirse por resultados concretos:
cuántas urbanizaciones comienzan el procedimiento, cuántas consiguen completarlo y cuánto tiempo necesita cada una.
La pregunta ya no debería ser quién promete recepcionar las urbanizaciones.
La pregunta debería ser mucho más exigente:
¿qué plan concreto permitirá que dentro de cuatro años podamos señalar urbanización por urbanización y comprobar cuáles han sido realmente recepcionadas?
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