87 millones por limpiar Mijas: Musumeci D'Agata propone estudiar la gestión directa municipal
El contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Mijas, adjudicado por diez años y unos 87,9 millones de euros, acumula en 2026 siete expedientes sancionadores. Ante esta situación, el economista y empresario Marco Musumeci D'Agata propone analizar la recuperación del servicio por parte del Ayuntamiento mediante una gestión directa profesionalizada.
La limpieza de una ciudad no debería ser una cuestión ideológica.
Debería ser una cuestión de resultados.
Calles limpias.
Contenedores recogidos.
Maquinaria funcionando.
Servicios prestados en los horarios establecidos.
Y dinero público utilizado exactamente para aquello para lo que fue presupuestado.
En Mijas, el funcionamiento del actual contrato de limpieza viaria y recogida de residuos vuelve a situar este debate en primer plano.
El servicio fue adjudicado en 2022 por aproximadamente 87,9 millones de euros durante diez años. El contrato incluía renovación de vehículos y contenedores, aumento de frecuencias, incremento de plantilla y nuevos servicios.
Cuatro años después, el propio Ayuntamiento ha anunciado una batería de expedientes por incumplimientos.
Siete expedientes sancionadores en 2026
El Ayuntamiento informó el 3 de septiembre de 2026 de que había abierto siete expedientes sancionadores contra la UTE FCC Barbetium, adjudicataria del servicio.
Dos de ellos han sido calificados como muy graves.
Uno afecta a la reiterada falta de prestación de servicios ordinarios programados.
Otro se refiere al incumplimiento de obligaciones relacionadas con la implantación del servicio y las instalaciones comprometidas en el contrato.
Este último expediente contempla una penalidad cercana a los 6,09 millones de euros, equivalente, según el Ayuntamiento, al 7% del precio del contrato. El procedimiento continúa sujeto a su tramitación administrativa correspondiente.
Más de 300.000 euros descontados
Además de los expedientes sancionadores, el Ayuntamiento informó de que entre enero y agosto de 2026 había dejado de abonar a la empresa 306.942 euros.
De ellos, 286.718 euros correspondían a servicios no realizados:
169.133 euros en recogida de residuos,
y 117.586 euros en limpieza viaria.
Otros 20.224 euros correspondían a penalizaciones derivadas del Plan de Calidad.
Por tanto, no estamos ante una discusión basada únicamente en percepciones ciudadanas sobre si una calle está más o menos limpia.
Existen incumplimientos que el propio Ayuntamiento afirma haber documentado mediante controles diarios.
El Ayuntamiento asegura que actualmente existe fiscalización diaria
El concejal de Limpieza Viaria, Eloy Belmonte, ha explicado que actualmente los servicios incluidos en el contrato están inventariados y que se realiza un seguimiento diario sobre qué trabajos se ejecutan y en qué condiciones.
Según el Ayuntamiento, esta fiscalización permite descontar de las certificaciones mensuales aquellos servicios que no hayan sido efectivamente prestados.
El gobierno municipal sostiene además que el contrato fue redactado y adjudicado durante el mandato anterior y ha cuestionado algunas de sus condiciones.
Belmonte ha afirmado también que entre la adjudicación del contrato en 2022 y noviembre de 2023 no se practicaron sanciones ni descuentos, una afirmación que atribuye a la documentación existente en el departamento municipal de limpieza.
Esta última afirmación corresponde al actual responsable municipal y debería distinguirse del resto de cifras administrativas verificables.
Ya había advertencias económicas en 2024
Las dificultades relacionadas con el contrato tampoco aparecieron únicamente en 2026.
En abril de 2024, el Pleno municipal trató dos facturas correspondientes a FCC por aproximadamente 1,5 millones de euros.
El concejal de Hacienda explicó entonces que existía reparo de Intervención porque se consideraba que no se estaban cumpliendo todas las cláusulas contractuales.
Esto permite plantear una cuestión más amplia.
Si los problemas de cumplimiento aparecen reiteradamente durante varios ejercicios, quizás el debate municipal no debería limitarse únicamente a determinar cuánto se sanciona a la empresa.
También puede resultar razonable estudiar si el modelo utilizado para prestar el servicio es el más adecuado.
Musumeci D'Agata propone estudiar la recuperación municipal del servicio
Ante esta situación, el economista y empresario Marco Musumeci D'Agata, candidato a la Alcaldía de Mijas por PARTIDO AUTÓNOMOS, plantea realizar un estudio técnico y económico para determinar si la limpieza viaria y la recogida de residuos podrían gestionarse directamente desde el Ayuntamiento.
La propuesta no consistiría simplemente en sustituir una empresa privada por una estructura administrativa tradicional.
El modelo planteado por Musumeci D'Agata partiría de una gestión pública profesionalizada, con responsables ejecutivos seleccionados por su experiencia acreditada en limpieza urbana, logística, residuos, dirección de personal y gestión de grandes presupuestos.
Su planteamiento es que la dirección operativa de un servicio de esta dimensión debe responder fundamentalmente a criterios de formación, experiencia y resultados.
La ley permite la gestión directa
La legislación española contempla expresamente diferentes formas para gestionar los servicios municipales.
El artículo 85 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los servicios públicos locales deben gestionarse mediante la modalidad que resulte más sostenible y eficiente, y contempla tanto fórmulas de gestión directa como indirecta.
Entre las modalidades de gestión directa se encuentran la gestión por el propio Ayuntamiento, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales locales y las sociedades mercantiles íntegramente públicas, dentro de las condiciones establecidas legalmente.
La recogida y tratamiento de residuos figura además entre los servicios esenciales reservados a las entidades locales en la legislación de régimen local.
Por tanto, recuperar directamente el servicio es jurídicamente posible.
Otra cuestión diferente es determinar si sería económica y operativamente conveniente para Mijas. Y eso exige números.
Una auditoría antes de tomar cualquier decisión
Musumeci D'Agata plantea precisamente que cualquier cambio debería estar precedido por una auditoría económica y operativa independiente.
La comparación debería determinar cuánto cuesta actualmente cada unidad efectiva de servicio y cuánto supondría prestar esas mismas funciones mediante gestión municipal.
Entre otros indicadores deberían analizarse:
coste anual total,
número de trabajadores,
maquinaria necesaria,
costes de mantenimiento,
consumo de combustible y energía,
absentismo,
frecuencias de limpieza,
kilómetros atendidos,
recogidas efectuadas,
tiempos de respuesta,
incidencias,
quejas ciudadanas,
y coste por habitante.
El resultado permitiría comparar ambos modelos sobre una base objetiva.
Profesionales especializados al frente del servicio
Uno de los elementos centrales de la propuesta sería la selección de la dirección del servicio.
Musumeci D'Agata plantea que los puestos técnicos y ejecutivos de máxima responsabilidad se cubran mediante procesos basados en experiencia profesional acreditada, conocimiento del sector y objetivos cuantificables.
La cuestión tiene importancia porque gestionar la limpieza y los residuos de un municipio como Mijas supone coordinar centenares de actuaciones, personal, vehículos, rutas, instalaciones y recursos económicos.
No es únicamente una función política.
Es también una operación empresarial y logística de gran dimensión.
Por eso el candidato de PARTIDO AUTÓNOMOS plantea separar claramente la dirección política del Ayuntamiento de la gestión profesional diaria de servicios técnicos de esta naturaleza.
Lo importante no es quién presta el servicio, sino cómo funciona
La discusión entre gestión pública y privada se presenta con frecuencia como un debate ideológico.
Pero existen ejemplos de ambos modelos funcionando correctamente y también ejemplos de ambos funcionando mal.
Una empresa privada puede aportar especialización, tecnología y economías de escala.
La gestión directa puede proporcionar al Ayuntamiento mayor control operativo, eliminar determinados márgenes empresariales y permitir una supervisión inmediata.
La cuestión relevante para Mijas debería ser saber cuál de los dos sistemas ofrece mejor servicio al menor coste real para el ciudadano.
Un cuadro de mando público de limpieza
Musumeci D'Agata propone además que, independientemente del modelo utilizado finalmente, el funcionamiento del servicio pueda ser consultado mediante indicadores públicos.
Los ciudadanos podrían conocer periódicamente datos como:
porcentaje de servicios ejecutados,
servicios no realizados,
incidencias abiertas y solucionadas,
penalizaciones,
coste mensual,
cumplimiento de rutas,
renovación de maquinaria,
y evolución de las reclamaciones.
La transparencia permitiría evaluar la limpieza mediante resultados y no únicamente mediante declaraciones políticas.
87 millones obligan a exigir resultados
Un contrato cercano a los 88 millones de euros durante diez años constituye una de las grandes decisiones económicas de un Ayuntamiento.
Precisamente por ello, el nivel de exigencia debe ser proporcional a su dimensión.
Si la empresa cumple, debe cobrar lo establecido.
Si determinados servicios no se prestan, no deberían abonarse.
Si existen incumplimientos contractuales, deben aplicarse los mecanismos previstos en el contrato y en la legislación.
Y si los incumplimientos alcanzan una dimensión que cuestiona el propio modelo, la administración tiene derecho a estudiar alternativas.
El Ayuntamiento actual incluso ha señalado que la acumulación de determinados incumplimientos muy graves podría llegar a abrir la posibilidad de rescindir el contrato, siempre dentro del procedimiento legal correspondiente.
La pregunta que Mijas debería responder
El debate de fondo no es si la limpieza debe ser pública o privada por principio.
La pregunta debería ser otra:
¿qué modelo ofrece a los vecinos de Mijas calles más limpias, mejor servicio, mayor control y menor coste efectivo?
Musumeci D'Agata plantea que esa respuesta se obtenga mediante una auditoría profesional antes de tomar una decisión.
Si la gestión directa demuestra ser más sostenible y eficiente, su propuesta es recuperar el servicio para el Ayuntamiento y dirigirlo mediante profesionales especializados.
Si los números demostraran lo contrario, cualquier decisión debería reconocer igualmente esa realidad.
Porque cuando hablamos de casi 88 millones de euros públicos, la gestión municipal debería basarse fundamentalmente en una regla:
medir, comparar y elegir el modelo que ofrezca mejores resultados a los ciudadanos.
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